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todos aquellos cuya vida no guarde conformidad con la constitución: en la
democracia, con el principio democrático; en la oligarquía, con el
oligárquico. Esta institución es aplicable a todos los demás gobiernos.
Por la misma razón es preciso no perder de vista el acrecentamiento de
prosperidad y de fortuna que pueden adquirir las diversas clases de la
sociedad; mal que se puede prevenir poniendo el poder y la gestión de los
negocios en manos de los elementos opuestos del Estado, y al hablar de
elementos opuestos me refiero de un lado a los hombres distinguidos y al
vulgo, y de otro a los pobres y a los ricos. Debe procurarse: o confundir
en una unión perfecta a pobres y a ricos, o aumentar la clase media, que
sólo así se impiden las revoluciones que nacen de la desigualdad.
Veamos otro punto capital en todo Estado. Es preciso que, valiéndose
de la legislación o empleando cualquier otro medio poderoso, se impida que
los cargos públicos enriquezcan a los que los ocupan. En las oligarquías,
sobre todo, esta medida es de la más alta importancia. A la masa de los
ciudadanos no irrita tanto el verse excluida de los empleos, exclusión que
quizá está compensada con la ventaja de poderse dedicar a sus propios
negocios, como le indigna el pensar que los magistrados puedan robar los
caudales públicos, porque entonces tienen un doble motivo de queja, puesto
que se ven privados a la vez del poder y de las utilidades que él
proporciona. Una administración pura, si es posible establecerla, es el
único medio para hacer que coexistan en el Estado la democracia y la
aristocracia, es decir, para poner en acuerdo las respectivas pretensiones
de los ciudadanos distinguidos y de la multitud. En efecto, el principio
popular es la facultad de poder obtener los empleos concedida a todos: el
principio aristocrático consiste en confiarlos sólo a los ciudadanos
eminentes. Esta combinación podrá ser realizada si los empleos no pueden