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exagera el principio de la una o de la otra, al pronto se convertirán en
malos gobiernos y concluirán por no ser siquiera gobiernos. Es preciso que
el legislador y el hombre de Estado sepan distinguir, entre las medidas
democráticas u oligárquicas, las que conservan y las que destruyen la
democracia o la oligarquía. Ninguno de estos dos gobiernos puede existir
ni subsistir sin encerrar en su seno ricos y pobres. Pero cuando llega a
establecerse la igualdad en las fortunas, la constitución tiene que
cambiar; y al querer destruir las leyes hechas teniendo en cuenta ciertas
superioridades políticas, se destruye con ellas la constitución misma. Las
democracias y las oligarquías cometen en esto una falta igualmente grave.
En las democracias, en que la multitud puede hacer soberanamente las
leyes, los demagogos, con sus continuos ataques contra los ricos, dividen
siempre la ciudad en dos campos, mientras que deberían en sus arengas sólo
ocuparse del interés de los ricos; lo mismo que en las oligarquías el
gobierno sólo debía tener en cuenta el interés del pueblo. Los oligarcas
deberían, sobre todo, renunciar a prestar juramento del género de los que
prestan actualmente; porque he aquí los que en nuestros días hacen en
algunos Estados: Yo seré enemigo constante del pueblo, le haré todo el mal
que pueda.
Sería preciso hacer lo contrario, y, cambiando de disfraz, decir
resueltamente en los juramentos de esta especie: No haré nunca daño al
pueblo.
El punto más importante entre todos aquellos de que hemos hablado
respecto de la estabilidad de los Estados, si bien hoy no se hace aprecio
de él, es el de acomodar la educación al principio mismo de la
constitución. Las leyes más útiles, las leyes sancionadas con aprobación
unánime de todos los ciudadanos, se hacen ilusorias si la educación y las
costumbres no corresponden a los principios políticos, siendo democráticas
en la democracia y oligárquicas en la oligarquía; porque es preciso tener
entendido que si un solo ciudadano vive en la indisciplina, el Estado