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Añadamos a todo esto una importante distinción en materia de derecho político y a la cual los gobiernos, ansiosos de hacerlo todo por sí solos, deberían prestar gran atención. He dicho que las tasas personales y los impuestos sobre cosas de absoluta necesidad, al atacar directamente al derecho de propiedad y, por tanto, al verdadero fundamento de la sociedad política, siempre están sujetos a peligrosas consecuencias si no se establecen con expreso consentimiento del pueblo o de sus representantes. No ocurre igual con los derechos sobre aquellas cosas cuyo uso puede ser prohibido, puesto que, como en ese caso el particular no está en absoluto obligado apagar, su contribución puede tenerse por voluntaria, de suerte que el consentimiento particular de cada contribuyente sustituye al consentimiento general y en cierto modo hasta lo presupone, pues, ¿porqué razón habría de oponerse el pueblo a una imposición que sólo recae sobre aquel que está dispuesto a pagarla? Me parece cierto que todo lo que no está proscrito por la ley ni atenta a las costumbres pero puede ser prohibido por el gobierno, éste puede permitirlo mediante el cobro de un derecho. Si por ejemplo, el gobierno puede prohibir el uso de carrozas, con mayor razón podrá imponer una tasa sobre carrozas, medio prudente y útil de censurar su uso sin acabar con él. Así pues, podemos considerar la tasa como una especie de multa cuyo producto indemniza por el abuso que castiga.
Quizá alguien me objete que aquellos que Bodino llama impostores, es decir, aquellos que imponen o inventan las tasas, por ser de la clase rica se guardarán de ahorrar para los otros gastando ellos mismos o de gravarse a sí mismos para aliviar a los pobres. Pero hay que rechazar semejantes ideas. Si en cada nación, aquellos a quienes el soberano encarga el gobierno de los pueblos, fueran sus enemigos de Estado, no valdría la pena indagar cómo han de obrar para hacerlos felices.